Morelia,Mich., a 20 de mayo del 2020.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que ejerzan las acciones correspondientes en torno a la reciente aprobación de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, ocurrida de manera irregular, y que violenta los derechos humanos de las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas.
La coordinadora del GPPT, la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, manifestó que esta Ley aprobada apenas el viernes pasado, violenta los derechos humanos de los grupos y sectores más vulnerables en el estado y desdibuja la educación inicial, por lo que hizo un llamado enérgico para que las instituciones competentes emitan una postura al respecto y tomen cartas en el asunto.
“Esta Ley de Educación impide el ejercicio y goce del derecho a la Educación Especial, al dejarlo como una opción educativa y un servicio, pues en la redacción de la norma, el Estado se desentiende de este derecho al reconocerlo como un servicio que puede, o no, otorgar, dejando en total indefensión a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Pero tampoco atendió el derecho constitucional a la consulta de las personas con discapacidad, para todos los aspectos que les afecten de cualquier modo”, aseveró.
Por su parte, la diputada Teresa Mora Covarrubias, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos del legislativo estatal, señaló que la referida Ley, además de que violenta diversos derechos humanos, es en realidad un machote de la Ley General de Educación que trata de imponer la Secretaria de Educación Pública a los legisladores de Michoacán y que con ello subordina al sistema educativo estatal a lo que determine la Autoridad Educativa Federal, sin atender el contexto local y regional del servicio educativo de Michoacán.
“Lamentamos que en esta Ley no se trata a la Educación Inclusiva como un criterio transversal y complementario del sistema educativo estatal”, añadió también.
En su oportunidad, el Vicecoordinador del GPPT, el legislador Salvador Arvizu Cisneros, expuso que esta Ley de Educación estatal limita el ejercicio y goce del derecho a la Educación Inicial, al postergar indefinidamente la obligación constitucional del Estado por una cuestión presupuestal; además de que no se establece como un derecho humano fundamental de las niñas y los niños durante su primera infancia, relevante en su desarrollo físico, motriz, neuronal pleno, afectivo, social e intelectivo, como miembro pleno de una familia, de su comunidad y del Estado de Michoacán.
Por su parte el legislador Baltazar Gaona García, indicó que en esta Ley se violentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el de autodeterminación y el derecho al consentimiento libre, previo, informado, de buena fe y culturalmente adecuado, al imponer materiales, planes y programas de Educación Indígena que promueven la homogeneización de la cultura pues no toman en cuenta la diversidad étnica, cultural, ni lingüística del Estado de Michoacán y que impiden la plena participación de los pueblos y comunidades indígenas en el sistema educativo del Estado de Michoacán.
Por las razones expuestas por sus integrantes, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso michoacano sostiene que se trata de una ley inconstitucional, pues se violentó el derecho colectivo de distintos sectores históricamente marginados por el Estado Mexicano al negárseles la debida consulta.
